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Con un contundente «por supuesto» la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfica, Sara Aagesen ha respaldado sin fisuras la gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar ... y de su presidente, Miguel Polo, durante la tragedia del 29 de octubre pasado que costó la vida a 228 personas.
La también vicepresidenta tercera del Gobierno se ha remitido a los autos de la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana y ha considerado que «es bastante evidente» que este organismo informó puntualmente.
Aagesen ha ha hecho caso omiso a las informaciones publicadas por este periódico en las que se indica que la Confederación incumplió su propio protocolo al no enviar un correo durante cada subida del nivel de riesgo. Y es que los trabajadores de la sala de control tampoco avisó a la Unidad de Emergencias tal y como detallas los documentos internos de esta entidad. El motivo no fue otro que la falta de personal y porque la atención estaba centrado en Forata donde los niveles se habían disparado.
Por otro lado, la ministra ha recordado la inversión de 530 millones de obras hídricas y mejoras de edificios que el miércoles presentó a las asociaciones de víctimas. Dentro de esta cantidad, el ministerio prevé destinar 335 millones a adaptar y ejecutar nuevas proyectos para mejorar la resiliencia frente a las inundaciones del territorio afectado por la dana, que prevén licitarse este año. 132 millones se destinarán a proyectos ya maduros como el desvío de las aguas del Barranco de la Saleta por Aldaia y cinco actuaciones de protección en el tramo bajo del río Júcar, cuyas obras está previsto que comiencen en 2026.
El asesor del presidente de la Confederación, Teodoro Estrela, ha sido el encargado de detallar estas propuestas dentro de las jornadas 'Recuperación tras la Dana: protección y prevención de riesgos de inundación' organizado por el Ministerio de Política Territorial que este jueves han tenido lugar en la Universitat Politècnica de València e inauguradas por las ministras Sara Aagesen y Diana Morant.
La ministra para la Transición Ecológica ha recalcado «el compromiso máximo» del Gobierno con los valencianos y ha explicado que este Plan incluye cuatro líneas: un cambio normativo frente a los riesgos de inundación; actualizar la cartografía; y un Programa de adaptación de edificios y viviendas además de estas soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras hídricas.
Aagesen también ha respondido a las críticas del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, por los retrasos en las obras hidráulicas de prevención de posibles riadas. La ministra ha replicado que «este plan ha contado con una gran participación y ha estado también la Generalitat» y de hecho ha recalcado que «ha habido reuniones técnicas a lo largo de los últimos meses». «Las obras no están paradas», ha subrayado y ha reclamado que «la relación tiene que ser buena, fluida» porque es «importante que todas las administraciones trabajemos de la mano» ya que «sin consenso las cosas no pueden salir adelante».
El plan incluye, según ha detallado Estrela, la adaptación y mejora de proyectos maduros con un coste estimado de 192 millones, cuyas obras se licitarán antes de final de 2025 para comenzar el próximo ejercicio. Se incluyen los 90 millones para el desvío de las aguas del Barranco de la Saleta a su paso por Aldaia y conexión con vía verde a través de los flujos desbordados del barranco al nuevo cauce del Turia, para mejorar su capacidad y funcionamiento.
Los otros 42 millones serán para cinco actuaciones de protección frente a inundaciones en el tramo bajo del río Júcar. Se incluyen 24 millones a la adaptación a la inundabilidad del barranco de la Casella y mejora de su capacidad; dos millones a la zona de laminación natural en la confluencia del barranco de la Casella-Barxeta; 5 millones a la adaptación al riesgo de inundación del barranco Barxeta Fase I; 8,5 millones de adaptación al riesgo de inundación del barranco Barxeta en la fase II y 2,5 millones a elementos estructurales de protección contra inundaciones del núcleo urbano de Cogullada.
Por otro lado, se reservan 335 millones para nuevos proyectos no previstos con anterioridad y otros adaptados con importantes cambios ante los escenarios climáticos ofrecidos por la dana que se quieren licitar este año para que puedan estar bien definidos durante el año 2026 y avanzar.
Estas intervenciones incluyen ocho ejecuciones. La primera es la protección frente a inundaciones en el río Magro y afluentes que incluye en Algemesí el acondicionamiento del cauce del Magro en y facilitar salida flujos hacia la Albufera al norte de la población; así como la adecuación de la margen derecha del cauce del Magro para reducir los desbordamientos hacia las poblaciones de Alcudia y Guadassuar, sin incrementar el riesgo en las zonas menos vulnerables.
También se ejecutarán actuaciones de reforestación y restauración hidrológica-forestal en la cuenca del barranco del Poyo y el de la Saleta con los objetivos de reducir caudales punta y volúmenes de crecida.
Por otro lado, se crearán zonas inundables en el barranco de la Saleta para la protección de Aldaia y polígonos industriales situados aguas arriba. En concreto, habrá una zona inundable para la protección del centro comercial y Aldaia, zonas inundables de laminación en el barranco de la Saleta, y zona inundable para protección polígono industrial Oliveral.
Habrá más zonas inundables en el barranco del Poyo para la protección de las poblaciones de la Horta Sud que incluye un área de laminación lateral en la margen derecha de la rambla del Poyo aguas abajo de Paiporta y la zona de laminación e interconexión con la zona de laminación de los barrancos de Pelos y Gallego.
Otra de las actuaciones es la vía verde que conectará el barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia para disminuir el riesgo en las poblaciones más afectadas de la Horta Sud.
También se realizarán obras de protección frente a los desbordamientos adaptando el cauce y estructuras de cruce del barranco Poyo entre Picanya y la V-31 para disminuir el riesgo.
Los proyectos contemplan una restauración ambiental del barranco del Poyo en su llegada a la Albufera con acciones de mejora del drenaje transversal de la V-31 (que como ha señalado Estrela ya se está quitando la mediana para que no estanque el agua), y se advierte de que el encauzamiento con motas del barranco del Poyo a su paso por la Albufera ha incrementado la peligrosidad de la inundación aguas arriba, por lo que habría que estudiar adaptar las motas.
La última línea de actuación son las viviendas y edificios para lo que se destinan 60 millones de euros y se propone la elevación de accesos e instalar puertas estancas o barreras.
Por otro lado, se ha detallado que se aprobará un cambio normativo para dar una regulación más estricta de los usos en las zonas inundables, así como para incorporar medidas de resiliencia y adaptación al riesgo de inundación de los elementos vulnerables existentes. La consulta pública previa del Real Decreto finalizó el 19 de abril de 2025 y el objetivo es que se publique antes del verano 2025. También se revisará y actualizará la cartografía de peligrosidad y riesgo de zonas inundables para la adaptación del planeamiento urbanístico con un presupuesto de tres millones.
Por su parte, Cristina Solá, comisaria de Aguas de la CHJ, ha detallado las obras de emergencia que ha acometido la entidad para hacer frente a los daños provocados por la dana. Son en total 16 con 40 contratos y una inversión de 222 millones de euros.
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