La jueza de la dana cita a declarar a Catalá y otros 15 alcaldes como testigos

Además de Catalá, deberán comparecer los alcaldes de Riba-roja, Cullera, Torrent, Massanassa, Benetússer, Alfafar, Picanya, Cheste, l’Alcúdia, Guadassuar, Sot de Chera, Aldaia, Quart de Poblet, así como a las exalcaldesas de Requena y la de Chiva. Estas dos dirigentes fueron apartadas de la Alcaldía en sendas mociones de censura tras la gestión de la emergencias. Las anteriores testificales se unen a las acordadas previamente en otras resoluciones: los alcaldes de Utiel, Carlet, Algemesí, Catarroja y Paiporta.

Casi una veintena de responsables municipales que se suman a otras citaciones acordadas, pero sin fecha. La más relevante, sin duda, la de Miguel Polo, presidente de la CHJ que romperá su silencio tras meses de silencio respecto a su actuación el día de autos. No informó al Cecopi de la crecida del Poyo pese a que asistía de forma telemática a la reunión. De igual modo, deben comparecer otra decena de testigos de diferentes organismos, entre ellos algunos de la propia Conselleria de Emergencias.

La magistrada descartó la semana pasada responsabilidad penal en los alcaldes de los municipios afectados por la monumental riada. Lo hizo al responder a la petición de que el primer edil de Utiel, Ricardo Gabaldón (PP), fuera imputado.

La responsabilidad penal está, de momento, acotada a la Generalitat, con la consellera de Emergencias y el que fuera su número 2. «Existe una diferencia radical entre la Administración Local y la Autonómica al objeto de lanzar alertas a la población y la adopción de medidas de autoprotección». En el caso de los primeros ediles, todos ellos «se vieron sorprendidos, no recibieron tampoco la información precisa ni se les aconsejó de manera específica sobre las medidas a adoptar». Los alcaldes, de esta forma, quedan fuera del círculo de eventuales imputaciones. De igual modo, su papel también había quedado diluido en la refriega política que se ha concentrado, salvo pequeños episodios, entre las competencias de la Generalitat y el Gobierno central.

Al margen de esta circunstancias, los alcaldes sí constituirán un elemento de referencia para acreditar esa desprotección que sufrieron por la falta de información fiable la tarde del 29 de octubre y más en unas localidades en las que apenas llovió esa jornada, lo que deparó que la riada fuera todavía más impredecible.

Los interrogatorios versarán acerca de las llamadas que recibieron ese día de los dirigentes autonómicos y gubernamentales –Bernabé reveló en su declaración que contactó con algunos alcaldes– y la información que recibieron de la Generalitat. De igual modo, también puede ser relevante si tenían información del caudal de los cauces y si hubo vigilancia en las ramblas a su paso por los municipios.

La instructora, en cambio, deja en el aire la declaración de la periodista Maribel Vilaplana. Fue la persona que comió con el presidente Mazón en el restaurante ‘El Ventorro’ el día de la tragedia. Su testimonio podría ser clave para aclarar el papel de Mazón en ese almuerzo y sobremesa. Pero no se puede olvidar que el presidente no está investigado en esta causa y respecto al resto de la emergencia se ignora qué información podría aportar la conocida periodista.

La consellera Salomé Pradas, al igual que Argüeso, declararon en su momento que el presidente de la Generalitat no influyó de ninguna manera en el envío del mensaje Es Alert y que el supuesto retraso del SMS no estuvo vinculado a la demora del presidente en acudir al centro de Emergencias ni en trasladar una eventual autorización. Mazón no llegó hasta las 20.28 horas al complejo de l’Eliana.

La jueza, sin embargo, sí que intuye cierto grado de responsabilidad en Mazón. De hecho, le ha ofrecido la posibilidad de declarar voluntariamente asistido por su abogado lo que lleva a pensar que, en el caso de que no fuera aforado, lo habría citado como investigado.

El TSJ rechazó en su momento abrir una causa penal contra el dirigente popular. No existían indicios suficientes de su supuesta participación en la gestión de la emergencia. Esto alejó de manera inmediata una eventual imputación. Pero la jueza, en el caso de que durante su instrucción encuentre esos indicios, podría elevar una exposición razonada al TSJ para que asumiera la parte del aforado. Es en ese escenario donde el testimonio de Vilaplana despejaría algunas dudas del agujero negro en la agenda de Mazón aquella fatídica tarde.