Marejada en el Náutico de Valencia con una cascada de dimisiones

Las discrepancias con el modelo de gestión de Arlandis han sido los motivos que esgrimen los directivos que han renunciado a su cargo con algunos eventos, importantes para el medio plazo de la institución, que no se han firmado. Uno de ellos era el precontrato con World Sailing, la Federación Internacional de Vela, para la organización de las pruebas clasificatorias individuales para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y que se rompió por decisión unilateral de la presidenta, o así es como lo indican fuentes conocedoras de la situación consultadas por este periódico. Las mismas, afirman que existe opacidad en alguna de las actas, que «nadie sabe las cuentas» o que hubo un amago de huelga por parte de los trabajadores, alrededor de un centenar, que trabajan en el Náutico. Una empresa que tiene un presupuesto anual que ronda los 10 millones de euros anuales.

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A corto plazo, el Naútico también tiene que afrontar otra negociación clave como es la extensión de la concesión administrativa, que se realiza cada 25 años, para seguir con la explotación recreativa del puerto sur de Valencia por parte de la Autoridad Portuaria. Esa concesión es clave para la organización de eventos dentro de las instalaciones, así como de las competiciones, y ha sido una de las claves que ha activado la petición por parte de varios socios de una asamblea extraordinaria, más allá de la ordinaria prevista para mitad de junio, con elecciones anticipadas.

Una de esas peticiones, a la que ha tenido acceso este periódico, se dirige a la presidencia de forma contundente: «Es de conocimiento público que en fechas recientes se han producido dimisiones que han dejado al órgano de gobierno con una composición inferior al mínimo estatutario exigido de cinco miembros específicos: presidente, vicepresidente, comodoro, secretario general y tesorero, conforme se detalla en el artículo 34 de los Estatutos Sociales. Este mínimo es insustituible y solo puede ser restituido a través de elecciones convocadas en Asamblea, tal como prevé el artículo 40, apartado 3, que dispone expresamente que ya sea cuando este mínimo de 5 miembros específicos no se cumpla o las vacantes superen el 50 % de la Junta Directiva, se deberán convocar elecciones generales. Hacer las cosas de otra forma inevitablemente podrían considerarse irregularidades tales como la violación directa del artículo 34 de los estatutos establece que los cargos mínimos de presidente, vicepresidente, comodoro, secretario general y tesorero deben ser elegidos por la Asamblea General mediante el procedimiento electoral y no pueden ser simplemente designados ni sustituidos de manera interna por decisión unilateral del Presidente. Si la Presidenta intentara cubrir esas vacantes directamente, estaría vulnerando esta norma de gobernanza básica».