Yolanda Díaz: «Hasta la Iglesia está en contra de la opa de BBVA»

Díaz también aludió al impacto sobre el empleo y la inclusión financiera que, a su juicio, tendría una posible unión entre ambas entidades, recordando que la estimación de las sinergias apunta al despido de 4.000 empleados, cifra que los sindicatos elevan a entre 7.000 y 10.000 puestos de trabajo.

«No vale todo y la lógica de la rentabilidad privada no puede estar por encima de los derechos económicos de los ciudadanos de nuestro país», expresó la vicepresidenta. En este punto, recordó que el Estado tiene la obligación democrática de intervenir para evitar desequilibrios y proteger al conjunto de la ciudadanía, solicitando al sector un mayor esfuerzo para reforzar la inclusión financiera, con una firme apuesta por el uso de las oficinas de Correos para ofrecer servicios financieros en zonas despobladas.

Durante el mismo encuentro, la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, también pidió un esfuerzo mayor a los bancos para los canales alternativos a las sucursales. «El sector bancario es sensible a este asunto, pero consideramos que se deberían seguir fomentando estos canales desplegados y hacer una reflexión sobre los que se están intentando y no funcionan tan bien», advirtió Núñez. «Hay que hacer un esfuerzo ayor en la disponibuildiad de estos canales», indicó durante su intervención.

El grupo Sumar ha aprovechado el encuentro para retomar su plan para que la actividad bancaria sea considerada como un servicio público y ha anunciado que presentará una proposición d eley en el Congreso para que los bancos estén obligados a ciertos movimientos, como la conceisón de cuentas sin comisiones o hipotecas fijas reguladas.

Fue a finales de 2024 cuando la formación quiso introducir estas propuestas en una enmienda al proyecto de ley por el que se crea la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. La idea era ofrecer una cuenta corriente básica regulada, con todos los servicios de pago vinvulados y sin comisiones. De hecho, la fórmula de la cuenta básica ya existe en el sector, aunque en los últimos años se han endurecido las críticas contra las entidades por «esconder» este producto a los clientes.

También en octubre del pasado año se propuso la creación de una hipoteca a tipo fijo basada en el bono español a 10 años -principal referencia de la deuda nacional-, pero con una TAE (tipo de interés que incluye las comisiones) no inferior al 1% en caso de que el bono bajase mucho.