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La Audiencia de Valencia ha rechazado la mayoría de los recursos contra el auto de procesamiento de Oltra y su equipo de colaboradores por el ... supuesto encubrimiento de la denuncia de abusos sexuales contra su exmarido, Ramírez Icardi. La expareja cumple actualmente cinco años de cárcel por abusos sexuales a una menor tutelada.
Así, las pretensiones de la mayoría de los procesados han quedado desestimadas. Oltra no presentó recurso y tampoco se adhirió a ninguno de los tramitados por sus compañeros. Esto supone, en la práctica, que todos ellos serán juzgados, junto a la exvicepresidenta y exlíder de Compromís. Era una noticia esperada incluso por su propio equipo de letrados, pero no por ello resta impacto mediático para una de las políticas más conocidas de la Comunitat.
La decisión de la Sala encaja a la perfección en el criterio que ya había adelantado el tribunal. Los magistrados resolvieron que los argumentos de los procesados para archivar el asunto no podían prosperar porque la resolución del instructor contiene todos los elementos para validarla.
El sobreseimiento que ahora se solicita, de hecho, ya fue rechazado en su momento por la Sala cuando delimitó el marco penal y dejó fuera, por ejemplo, al hecho de que la entonces menor acudiera engrilletada a juicio cuando ella era la víctima.
Pero al resto de hechos "no pueden ser en absoluto ajenos" los recurrentes. Gamero era el subsecretario de Vicepresidencia y fue informado directamente de los hechos el 8 de agosto de 2017. De igual modo, sostiene que Isabel Domingo, la directora del centro, fue la primera reacción institucional nada más tuvo conocimiento de la denuncia. En realidad, no le dio crédito y decidió no trasladar el caso a la Fiscalía de Menores.
La Audiencia también señala la participación de Isabel Añó, autora del informe psicológico que descartaba la existencia de los abusos al dudar de la credibilidad de la menor. "Debe dejarse a las acusaciones a fin de que sean las mismas las que determinen los hechos concretos por los que acusan, e, intuitu personae, la persona o personas contra las que dirigen dicha acusación", apuntan los magistrados.
El tribunal recuerda los requisitos mínimos de la resolución que combaten los procesados. Se trata de la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan. Esto obliga al instructor "a plasmar una síntesis de los hechos que se atribuyen indiciariamente al imputado tras la fase de instrucción, concretando, ampliando o perfilando la inicial información que, acerca de los hechos que se le imputan, ya se verificó en la inicial toma de declaración como investigado". En definitiva, se trata de "exteriorizar" un juicio de probabilidad "de naturaleza incriminatoria delimitador del ámbito objetivo y subjetivo del proceso".
El resto de acusados -lo más probable es que la Fiscalía no acuse a ninguno siguiendo la tesis que ha mantenido en la parte final de la instrucción- son otros altos cargos del departamento que dirigía Oltra. Francisco Soriano, jefe de la Sección del Menor II de la Conselleria de Igualdad, "responsable de la sección relacionada con los hechos". También se incluía en el relato a Ana Victoria, técnica de la sección de Menores y a Inmaculada Martín, psicóloga de la conselleria. Todos ellos, según los magistrados, tuvieron un papel en los hechos que relata el auto sin abordar, como es lógico, si la actuación resulta delictiva o no.
La Sala, en cambio, sí acepta el recurso de Carmen Fenollosa, la que fuera directora territorial de Igualdad que finalmente queda fuera de la causa y no deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Su actuación quedó circunscrita al episodio final de los hechos, el de los grilletes. Por tanto, al quedar estos fuera del objeto de este procedimiento no tiene sentido mantener a la ex alto cargo en la causa penal.
Los hechos bajo sospecha se remontan a los años 2016 y 2017. Las sospechas transitan desde que la menor denunciara ser víctima de un abuso sexual por parte de un educador hasta las decisiones tomadas por los responsables del centro de menores, las gestiones realizadas por los especialistas de la conselleria, las peticiones de la Fiscalía de Menores y el día en que Oltra, el 4 de agosto de 2017, se entera del hecho y ordena que se adopten una serie de medidas para que se aclare toda la situación. El famoso expediente donde la Sala aprecia un cúmulo de sospechas. Las acusaciones sostienen que hubo un concierto de todos los investigados para silenciar la denuncia.
El tribunal consideró en su momento, siempre en este nivel de indicios, que el relato de hechos que consta en el auto de archivo también admite como «hipótesis plausible» que los investigados hubieran pretendido ocultar el abuso sexual «para lo que se habrían valido de un informe ficticio, pues se emite un pronunciamiento de inexistencia de indicios de abuso sexual cuando ni siquiera se preguntó a la menor sobre ello». De igual modo, los magistrados subrayan que no se denunciaron los hechos en Fiscalía como otro de los elementos que disparan las sospechas en contra de los investigados.
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