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El kitesurf, navegar con una tabla ayudado por una cometa de grandes dimensiones, resulta un deporte de cierto riesgo. Se desarrolla en el agua y ... depende, como la mayoría de actividades acuáticas, de un factor, a veces caprichoso, como el viento. Una situación que temen absolutamente todos es una caída brusca de este elemento a cierta distancia de la costa. Y que tras esto, que el 'kite' se precipite sobre la lámina de agua. Allí permaneces a la espera de que cambien las circunstancias o a expensas de las habilidades de cada uno.
La descripción ilustra la situación que vive Mazón desde hace siete meses. El ecosistema le ha arrebatado cualquier ráfaga de viento que le permita avanzar con paso firme por la legislatura. Aislado, hasta tal punto que la institución que representa parece secuestrada por su propia figura. No es un presidente que represente la cotidianeidad de ser máximo representante del Gobierno valenciano. En esa situación de evidente debilidad, sin embargo, los líos judiciales de la familia de Pedro Sánchez y el terremoto que sufre el PSOE con la aparición del desconcertante personaje de la fontanera Leire Díez Castro han proporcionado algunas buenas rachas de viento al presidente. Pequeñas bombonas de oxígeno en medio del incendio.
Hasta tal punto que Carlos Mazón, tras la conferencia de presidentes de este viernes, se despachó con la sorprendente petición a Sánchez de la convocatoria de elecciones anticipadas. Precisamente lo que el PSPV reclama en la Comunitat.
El PSOE y el Gobierno surfean el último mes en una ola que no termina de romper. El último acontecimiento, quizá por la cercanía temporal, ha tenido un impacto demoledor en la confianza en el Ejecutivo. Las argucias de Leire Díez y Javier Pérez Dolset –los miembros más destacados de la fontanería del PSOE– apuntan hacia una guerra sucia contra la Guardia Civil y, más en concreto, contra los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO).
Los simpatizantes de la organización, que a lo largo de su carrera profesional han recibido sueldos públicos, se presentaban como intermediarios de futuros acuerdos con Fiscalía o la Abogacía del Estado siempre a cambio de información comprometedora sobre mandos policiales o de fiscales que impulsaban causas de corrupción que afectaban a los socialistas o a su núcleo de influencia.
Uno de sus objetivos, según las investigaciones, era Antonio Balas, el director del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, la sección más compleja y amplia de la Unidad Central Operativa. Su equipo está al frente de las investigaciones más delicadas para el PSOE (los casos que conciernen a Begoña Gómez, David Sánchez, hermano del presidente, el exministro José Luis Ábalos, el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, o la red de fraude con los hidrocarburos).
Aquello de las cloacas del poder que se asociaba a la etapa de los populares en La Moncloa -sirva de ejemplo el caso Kitchen- aparece ahora como algo inoculado en el germen del sanchismo. El PSPV capea el temporal de la mejor manera posible. Y eso no significa que la estrategia sea acertada.
«Tengo muy poco más que decir de la señora Leire Díez. Yo soy ministra del Gobierno de España y esa mujer no representa al gobierno de España y tampoco al Partido Socialista», señaló Morant. Y poco más. La dirigente valenciana no se mueve ni un milímetro del argumentario del presidente. Pero la tibieza del partido con este asunto ha irritado a los barones críticos.
El Gobierno se ha mostrado incapaz de imponer su agenda ante los continuos golpes de actualidad. Trató sin éxito de derivar el debate hacia el problema de la vivienda, verdadera y real emergencia habitacional, que diría el Botánico. Pero ni siendo un asunto transversal, más allá de edad e ideología, ha logrado su propósito.
El presidente se encuentra acorralado por todos los frentes. El primero, y quizá el de mayor desgaste personal, es el familiar. Su hermano, salvo resolución sorpresa de la Audiencia, acabará sentándose en el banquillo por delitos de corrupción. La jueza ha reunido una decena de indicios de que el puesto de trabajo del hermano en la Diputación de Badajoz fue creado 'ex profeso' y de forma irregular con el fin de congraciarse con su poderosa familia.
La otra vertiente es el caso de su esposa y la extraña mezcolanza entre su vida laboral y personal. El juez -ha sido diana de las críticas desde el Ejecutivo- apunta sus diligencias hacia la supuesta ayuda de Moncloa en el impulso a la carrera profesional de la mujer del presidente y las presuntas irregularidades en la cátedra de Gómez. El papel de la esposa de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa parece que ha sido descartado como línea en estas pesquisas. En ambos supuestos, la Fiscalía defiende las tesis exculpatorias.
Este ataque que Sánchez considera de carácter personal llevó al PSOE a impulsar una ley para prohibir directamente las acusaciones populares. Sostienen que todas estas causas provienen de organizaciones de derecha radical que han encontrado amparo en determinados juzgados. Sin embargo, el PSPV no ha dudado en obviar el criterio de Sánchez en el caso de la dana. La organización que dirige Diana Morant se ha personado como acusación popular para reclamar responsabilidades a los populares. Las normas se adaptan, al parecer, a lugares y propósitos.
Al margen de lo personal, Sánchez afronta dos enormes agujeros negros en su Gobierno. Todas las semanas surgen noticias del conocido como caso Koldo, aunque la figura capital de la trama es el exministro José Luis Ábalos. El dirigente, secretario de organización de la organización y mano derecha del presidente en su reconquista de la secretaría general está investigado en una trama de cobro de comisiones por favores políticos. Ocurrió, según las diligencias, en la compra de mascarillas durante la pandemia y se investigan también los términos del rescate de Air Europa. A esto se suma el ingrediente más mezquino, el de colocar a supuestas parejas sentimentales en empresas públicas. Datos sórdidos que multiplican el eco de cualquier sumario.
La asfixia gubernamental se completa con la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, por revelación de secretos en el caso del novio de la presidenta Ayuso. ¿Puede haber una situación más dañina para la confianza de un Gobierno que el fiscal general continúe en su puesto pese a estar imputado? No parece que exista peor tarjeta de representación para el Estado de Derecho.
La última estratagema del Gobierno para dar un golpe de timón y forzar un cambio de rumbo fue sumarse al bulo -lo hicieron varios ministros- de que había un supuesto complot para terminar con la vida de Sánchez. Una maniobra que finalmente se volvió en su contra y dejó todavía más en evidencia la debilidad que atraviesa el Ejecutivo.
Todo esta atmósfera ha permitido, en parte, aliviar la presión sobre el presidente valenciano. El PP dispone de munición suficiente para contraatacar las embestidas socialistas. Mazón toma aire, como ya lo hiciera en las pasadas Navidades. Su próxima estación es alcanzar el verano, periodo de menor intensidad política. El nuevo se presenta interesante. En busca de algo de viento. Si Sánchez se lo ofrece y Feijóo se lo permite.
El mar de fondo es un fenómeno que también afecta a la coalición de Compromís. El grupo que dirige –ahora y no se descarta para un futuro– Joan Baldoví disponía, sobre el papel, de una posición inmejorable para afrontar la legislatura de la dana. Por un lado, podía ejercer sin ambigüedades una crítica feroz al Consell y, en concreto, al presidente de la Generalitat. La empatía con las asociaciones de víctimas, como no puede ser de otra forma, era máxima. Pero, además, mantiene un vínculo más estrecho con alguna de las entidades, lideradas por simpatizantes de la formación. Disponía de un horizonte despejado por la izquierda. Sin el PSPV como socio en el Gobierno, la coalición podía desarrollar un discurso también crítico con la Confederación Hidrográfica del Júcar y con el Gobierno central. Esa era la idea, al menos, en el comienzo de esta construcción de relatos. Pronto toda la crítica se concentró en el Consell.
La negativa de Sumar a incluir al presidente Sánchez en la comisión de investigación ha abierto heridas en la coalición. La semana ha sido de enorme intensidad en los tres partidos que integran la organización: Mes Compromís (el antiguo Bloc), Iniciativa (el partido de Mónica Oltra) y Verds.
Los primeros pretenden romper con Sumar porque la organización no les proporciona visibilidad. Se trata de una formación en claro retroceso y su líder ha perdido el atractivo que parecía aglutinar en el comienzo de la plataforma cuando, por ejemplo, se citó con Mónica Oltra en un acto en Valencia. La relación se enfrió a raíz de los problemas judiciales de la vicepresidenta. Sigue a la espera de juicio. Esta semana una de las acusaciones ha presentado su escrito en el que reclama seis años de cárcel.
En cambio, Iniciativa y Verds quieren seguir dentro de la organización de izquierdas. Las últimas horas se trata de negociar una postura única para la reunión del próximo lunes de la Ejecutiva de Compromís. El momento de mayor debilidad de Mazón se une a un escenario de cierta desunión de la izquierda. Munición para el PP en la trinchera en la que se ha convertido la política valenciana, y también la nacional, en los últimos siete meses. Un periodo en el que la dana y su investigación lo ha copado absolutamente todo.
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