Bustinduy, en Valencia: «Con los apartamentos turísticos se ha mirado a otra parte durante demasiado tiempo»

«Se ha mirado hacia otra parte durante demasiado tiempo y las administraciones tienen la responsabilidad de servir el interés general», ha dicho el ministro, que ha añadido que es «intolerable» que haya proliferado «un sector económico en el que unas pocas grandes empresas obtienen unos beneficios y un lucro completamente obsceno a costa del derecho de la ciudadanía y sin respetar la normativa». «Lo mínimo es que se se respeten las leyes que están en vigor y a futuro por supuesto que planteamos que es necesario intervenir políticamente el mercado de la vivienda que necesita regulación», ha indicado.

Bustinduy ha asegurado que la vivienda «no puede ser un mercado donde reine la ley del más fuerte»: «Hay que tomar medidas para asegurar el derecho constitucional a una vivienda y eso implica también la regulación de los pisos turísticos para que el lucro y el interés de unos pocos no se imponga sobre el derecho de las mayorías». Según datos del ministerio, la mitad de los pisos que se ofertan en grandes plataformas en la Comunitat Valenciana son irregulares. «Es una situación absolutamente intolerable. La Generalitat tiene unas competencias que tiene que ejercer. Que lo hagan ya», ha dicho.

En cifras, desde la asociación de vecinos del Cabanyal indican que en 2023 había 554 apartamentos turísticos en el Cabanyal, el 5,14% de las viviendas, mientras en 2024 aumentaron hasta un total de 729 (6,79%), según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por tanto, rechazan que se esté paralizando la apertura de estos pisos o que el problema vaya a menos.

El presidente de la entidad, Daniel Adell, ha prometido "seguir luchando para que los apartamentos turísticos ilegales se vayan", ya que ha en algunos edificios del Cabanyal hay "tensión vecinal" y los vecinos tienen "miedo a que esto se llene de turistas, a que esto sea un parque temático". "No podemos consentir que los hijos del Cabanyal no puedan vivir en su propio pueblo", ha enfatizado.

Según ha advertido, la asociación ha recibido "infinidad" de comunicaciones de apartamentos turísticos ilegales en el barrio, de las que han trasladado 350 casos al Ayuntamiento. Además, ha denunciado que han sufrido "amenazas" por comunicar estos hechos.

El representante de los vecinos ha avanzado que plantean dirigirse al Síndic de Greuges porque "las administraciones valencianas no están haciendo nada". "Los apartamentos ilegales son productos defectuosos para turistas que están quitando la vivienda a muchas personas que vivían aquí", ha lamentado, y ha puesto como ejemplo un edificio donde hay pisos turísticos registrados y no registrados y "las juntas de propietarios se convierten en una lucha del dinero contra el derecho a vivir".

"No luchamos durante 20 años para que el Cabanyal-Canyamelar fuera de los vecinos para que ahora sean los apartamentos turísticos ilegales las que nos quiten el derecho a vivir", ha reivindicado, y ha agradecido la "lucha" del ministro de Consumo contra plataformas como Airbnb.

En el conjunto de Valencia, desde la asociación vecinal señalan que la última vez que se publicó el registro de la Generalitat había 6.085 apartamentos turísticos en la ciudad, mientras "la oferta online es de 10.613". Es más, según datos de la fundación Visit València, solo "hay 1.396 apartamentos turísticos" con licencia municipal.

Tras la visita al Cabanyal, Bustinduy ha explicado que quiere "conocer de primera mano la realidad de muchos barrios, muchas ciudades, todo el país": "Es un clamor social de familias, trabajadores, estudiantes expulsados de sus ciudades, que están viendo cómo sus barrios se convierten en parques temáticos y cómo las administraciones, en lugar de tomar medidas para proteger el derecho constitucional, durante demasiado tiempo han sido conniventes o han practicado incluso dejación de funciones".

Ante esta situación, ha exigido al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat "que ejerzan sus competencias, sancionen a las empresas responsables de la oferta ilegal de pisos turísticos y apliquen la Ley de Vivienda". En el caso de esta ciudad, ha asegurado que "los precios de los alquileres abusivos podrían bajarse mañana mismo", por lo que ha subrayado que "basta ya de proteger a quienes hacen negocio con el derecho a la vivienda".

Respecto a si se contempla eliminar por completo los pisos turísticos como plantea el Ayuntamiento de Barcelona, el ministro ha insistido en la necesidad de que esta actividad económica cumpla la legalidad, "como cualquier otra", al tratarse de un sector en el que "unas pocas grandes empresas obtienen unos beneficios y un lucro completamente obsceno a costa del derecho de la ciudadanía y sin respetar la normativa".

"A futuro, por supuesto que planteamos que es necesario intervenir políticamente el mercado de la vivienda, que necesita regulación. No puede ser un mercado donde reine la ley del más fuerte y, por tanto, hay que tomar medidas para que el lucro y el interés de unos pocos no se imponga sobre el derecho de la mayoría", ha expuesto.

En la misma línea, la portavoz de Compromís ha denunciado que barrios de Valencia como el Cabanyal sufren una "invasión" de pisos turísticos, mientras la alcaldesa, Mª José Catalá (PP), "en vez de ponerle freno mira hacia otro lado y se reúne con inversores, que es lo que a ella le interesa".

Según ha explicado, Compromís trasladó hace un mes al ministro las más de 4.000 denuncias de apartamentos ilegales en la ciudad, mientras el actual gobierno local "lleva más de dos años bloqueando el tope del precio del alquiler y está planteando normativas que permiten que se continúen abriendo apartamentos turísticos en todos los espacios".

Robles ha exigido al Ayuntamiento medidas contundentes y un plan de vivienda que dé respuesta directa a esta situación, además de utilizar la herramienta del tanteo y retracto para poner viviendas a disposición de los vecinos "y dejar de negociar con grandes inversores y avisarles antes de poner normativas que le podrían parar los pies".

Preguntada por si fue un error del anterior gobierno municipal (Compromís-PSPV) autorizar apartamentos en plantas bajas, ha defendido que su grupo acompañó en el proceso de recuperación del Cabanyal y desde 2019 reclamó una "moratoria absoluta" de pisos turísticos en toda la ciudad. También ha advertido de la proliferación de "'co-livings', 'flexi-livingis' y 'pitinguis' más que lo que hacen es invadir completamente el barrio".

Por su parte, el portavoz del gobierno municipal que comparten PP y Vox, Juan Carlos Caballero, ha defendido que Bustinduy, "antes de venir a hablar de apartamentos turísticos", debería saber que "en el último año del gobierno de Joan Ribó y del PSOE se realizaron únicamente 62 inspecciones, frente a las 118 realizadas en 2024 y a las 88 actas de inspección en los primeros meses 2025".

"El gobierno de Mª José Catalá es el que está combatiendo la proliferación de apartamentos turísticos ilegales, que multiplicó la izquierda Airbnb en esta ciudad. Somos quienes estamos poniendo medidas serias y responsables", ha manifestado tras la junta de gobierno local. Caballero (PP) también ha criticado que la visita del ministro no ha sido informada al Ayuntamiento, lo que ve como "un nuevo desprecio" y "la cara más desleal del Gobierno de Pedro Sánchez".