Cambios en las bajas laborales: así pretende acabar el Gobierno con el absentismo

El aumento del absentismo laboral se ha convertido en un foco de preocupación tanto para las empresas como para el propio Ejecutivo. Las ausencias justificadas por enfermedad común, aunque amparadas por el sistema, generan un fuerte impacto económico: solo en 2023, el coste de las bajas superó los 15.000 millones de euros, según datos del Banco de España. Desde 2019, este gasto ha crecido un 78,5%, lo que ha llevado al Gobierno a plantear una reforma integral del sistema de incapacidad temporal. El objetivo, aseguran desde el Ministerio de Seguridad Social, es triple: reforzar la protección de la salud de los trabajadores, reducir la duración de las bajas y controlar el gasto público derivado de estas prestaciones.

El documento con las propuestas, bajo el título 'Medidas de reforma de la prestación por incapacidad temporal para mejorar la protección de la salud de las personas trabajadoras', ya ha sido entregado a los agentes sociales. En él se esbozan cambios estructurales que afectan tanto a los trabajadores como a las mutuas colaboradoras y los propios procedimientos de alta médica. A continuación, repasamos los puntos clave de esta futura reforma.

Una de las medidas centrales de la reforma es la introducción de un modelo de reincorporación progresiva al trabajo en determinados casos de baja prolongada. La propuesta contempla que, tras más de 180 días de incapacidad temporal, el trabajador pueda reincorporarse durante un periodo máximo de un mes con una jornada reducida al 50%. Durante ese tiempo, recibiría la mitad del salario habitual por las horas trabajadas y el 50% de la prestación de incapacidad temporal por las que no trabaje.

Esta medida, que ya fue avanzada por la ministra Elma Saiz en octubre, fue inicialmente rechazada de forma contundente por los sindicatos, que ven con recelo una fórmula que podría generar presión sobre personas aún convalecientes. En cualquier caso, la reincorporación se aplicaría solo en casos seleccionados, con alta médica previa, y a empleados a jornada completa o a tiempo parcial con más del 80% de jornada ordinaria.

El Gobierno también propone reforzar el papel de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Aunque finalmente no se les permitirá emitir altas médicas en procesos de enfermedad común (una reclamación histórica del sector), sí podrán proponer el alta en los casos que superen los 12 meses de duración, competencia que hasta ahora solo ostenta el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Además, estas entidades también podrán elevar propuestas de alta cuando la baja se deba a una contingencia común y tenga una duración inferior al año, algo que hasta ahora no podían hacer.

En los casos de contingencias profesionales (accidente de trabajo o enfermedad profesional), las mutuas podrán emitir altas por curación o mejoría incluso cuando la baja supere el año de duración. También podrán emitir altas acompañadas de una propuesta de inicio del expediente de incapacidad permanente, un cambio que amplía su capacidad de actuación en procesos de larga evolución.

Otra novedad afecta a los trabajadores pluriempleados. Si un profesional está de baja médica por una de sus actividades, pero el médico considera que puede seguir desempeñando otra distinta, podrá continuar con esa segunda ocupación. Esta opción será válida tanto desde el inicio de la baja como durante su transcurso, siempre con el visto bueno sanitario.

La reforma, que aún se encuentra en fase de negociación con sindicatos y patronal, pretende encontrar un equilibrio entre el derecho a la salud del trabajador y la sostenibilidad del sistema. Desde el Ejecutivo aseguran que no se trata de recortar derechos, sino de hacer más eficiente un sistema que está soportando una presión creciente. Pero para los sindicatos, medidas como la reincorporación parcial podrían abrir la puerta a una nueva forma de precariedad si no se regulan con garantías. El debate, de momento, está abierto.

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