El Consell alega que la Comunitat no tiene capacidad para acoger a los menores migrantes que quiere el Gobierno

Según ha indicado la vicepresidenta Camarero, la Comunitat acogió de manera temporal en 2024 a más de 1.000 menores migrantes, con una media fija de 490 plazas cubiertas de manera constante. En este sentido, desde la conselleria de Servicios Sociales afirman que el sistema cuenta con 317 plazas disponibles. Con estas cifras, las matemáticas no salen. Actualmente, según la portavoz del Consell el sistema se encuentra al 160 % de su capacidad.

Por ello, desde la Generalitat afirman que acoger a los 500 migrantes que pretende enviar el Gobierno sería duplicar el número de personas atendidas, mientras las plazas siguen siendo las mismas. «No hay infraestructuras donde ubicarles», ha asegurado Camarero, quien ha recordado que la Comunitat ofrece una atención integral de calidad a los menores tutelados. «Nuestros centros están gestionados con criterios de calidad, en espacios reducidos y personalizados. No podemos aceptar modelos de hacinamiento que perjudiquen a los menores y deterioren el sistema», ha afirmado.

En este sentido, fuentes de la Generalitat aseguran que la conselleria «ni se ha planteado» la posibilidad de que el Gobierne continúe hacia delante con la propuesta, pues diversas comunidades se han mostrado contrarias durante la Conferencia. Es decir, que todavía no hay un plan de acogida, porque la Generalitat confía en que el Ejecutivo recule en las condiciones que propone, o bien porque el recurso que presentará el Consell ante el Tribunal Constitucional ayude a impedir que la norma salga adelante.

Durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada hoy en Madrid, la vicepresidenta primera del Consell ha mostrado su solidaridad con Canarias «por la situación que están padeciendo de crisis migratoria desde el otoño de 2023« y ha recriminado que el Gobierno central pretenda solucionar el problema »trasladando su responsabilidad a las comunidades autónomas, sin contar con una política migratoria real«.

Para la vicepresidenta, «aceptar el reparto masivo de menores que pretende imponer el Gobierno de España es irresponsable porque provoca el colapso del sistema de acogimiento, un hacinamiento y una falta de capacidad de atender con la dignidad que merecen los menores no acompañados» y, por ello, ha anunciado que la Generalitat presentará un recurso de inconstitucionalidad al Decreto.

La consellera también ha recordado que coste del proyecto migratorio supone más de 23 millones anuales que el Gobierno valenciano asume casi en solitario, dado que el Gobierno de Sánchez solo paga 1,2 millones. Asimismo, ha detallado que los centros gestionados a través de conciertos, a través de los que se ofrece a los menores una atención integral y de calidad, tienen «un coste por cada menor al día de 218,85 euros», por lo que se ha preguntado si el Gobierno «va a transferir a la Comunitat Valenciana 6.500 euros al mes, 78.800 euros por cada menor al año, para cubrir estos gastos o si lo que busca es crear menores de primera y de segunda».

El Gobierno y las comunidades autónomas han debatido durante alrededor de cuatro horas sobre el real decreto para el reparto de migrantes, en una Conferencia Sectorial extraordinaria que ha estado marcada por las críticas de las autonomías gobernadas por el Partido Popular por los criterios «arbitrarios y forzosos» aprobados por el Ejecutivo. Desde la conselleria han denunciado que en la Conferencia Sectorial extraordinaria no se ha permitido a las comunidades autónomas votar el real decreto de reparto de migrantes.

Al respecto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que el real decreto «no se vota porque ya está ratificado» por el Congreso de los Diputados y ha reprochado a los que la rechazan que «no se puede votar lo que no se ha aportado», referida a que varias comunidades no han presentado ninguna propuesta de modificación. La ministra, que ha incidido en que el real decreto «está vigente y es operativo», ha lamentado que no haya sido posible debatir ninguna propuesta porque no han «contado con ninguna aportación de las comunidades autónomas del PP más allá de la exigencia de la desconvocatoria de la Conferencia Sectorial». Rego ha avanzado que este martes saldrá una solicitud de información formal por un plazo de diez días para que las comunidades autónomas actualicen sus datos de capacidad de acogida.

De este modo, el Gobierno da un nuevo plazo de diez días para actualizar los datos oficiales y poder establecer la capacidad ordinaria de acogida de cada uno de los territorios. Con estas fichas sobre el tablero, parece que las posturas por buscar un acuerdo que contente a todas las partes está todavía muy lejos.