Sánchez abre mañana una ronda de «consultas» antes de decidir sobre la «opa hostil» del BBVA al Sabadell

Aunque este tipo de movimientos son habituales antes de elevar al Consejo de Ministros una iniciativa o una norma -para testear el sentir de la sociedad o de los agentes implicados-, nunca se habían realizado en torno a una operación corporativa. De ahí que fuentes del mercado interpreten esta decisión como una declaración de intenciones del Ejecutivo, que lleva un año reiterando su rechazo a la operación.

Con la consulta pública, todas las partes interesadas que quedaron fuera del test de mercado realizado por Competencia podrán trasladar sus argumentos a favor o en contra de la unión de los dos bancos. Y es previsible que el sentido de rechazo impere en esa consulta que, en todo caso, no será vinculante. Pero sí puede reforzar los argumentos del Gobierno en caso de decidir imponer más condiciones a la operación.

Sánchez lanzó su anuncio durante la apertura de las jornadas anuales del Cercle d'Economia en Cataluña, donde también estaban presentes los presidentes de BBVA, Carlos Torres, y de Banco Sabadell, Josep Oliu. En la inauguración de la jornada, se produjo de hecho una de las imágenes del día, con el saludo de los dos banqueros poco antes de la intervención de Sánchez. Mantuvieron una breve conversación y Torres también departió con Jaume Guardiola, presidente del Cercle d'Economia y exconsejero delegado del Sabadell.

El presidente del Gobierno explicó que el objetivo de la consulta es recabar la «información necesaria» antes de decidir si, en un plazo de 15 días, Economía eleva su análisis al Consejo de Ministros, que contará con otro mes para tomar su decisión. En todo caso, fuentes cercanas al proceso apuntan a que esa apertura de consulta al público implica también cierto desplante a la propia CNMC, que la pasada semana aprobó -y por unanimidad- la opa, tras dar el visto bueno a los compromisos pactados con BBVA y que, según fuentes de la entidad, no solo atañen a los posibles riesgos de competencia, sino a otros como la cohesión territorial o de exclusión financiera. Dos de los aspectos que más han preocupado al Ejecutivo en los últimos meses.

Tras el evento, el presidente de BBVA defendió el «proyecto de crecimiento para crear un banco más fuerte y mejor preparado para el futuro», aunque apuntó a su «máximo respeto» a la decisión del Ejecutivo con esta consulta pública, «como el que hemos tenido con la CNMC que ha llevado un análisis largo y profundo, del que han resultado unos compromisos importantes».

Por su parte, Oliu se mostró optimista. «Es positivo», señaló, consciente de que las condiciones que pueda imponer el Ejecutivo a la operación son el último muro de contención antes de que la opa de BBVA llegue a los accionistas de la entidad vallesana, que serán quienes tengan en su mano la decisión final ante una posible unión de ambas entidades.

Sánchez destacó que la decisión del Ejecutivo tratará de preservar el «interés general» y que la decisión del Gobierno contará con el máximo de garantías. «Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que las empresas crezcan, que ganen volumen y competitividad, pero siempre que beneficien al interés común de nuestro país», aseguró ante la plana mayor del empresariado catalán, que también se ha manifestado radicalmente en contra de que prospere la opa al Sabadell.

También lo ha hecho el PP catalán que, pese a cuestionar la consulta pública, se ha mostrado en contra de la oferta de BBVA ante el riesgo para la oferta a ciudadanos y empresas que se pueda generar, sobre todo en territorios como Cataluña. En la dirección nacional prefieren, por el contrario, esperar a que se completen todos los informes técnicos sobre la operación antes de posicionarse. «La CNMC se ha pronunciado, ¿no? Ha puesto unos requisitos que, si se cumplen, desde el punto de vista técnico, se podría producir esa opa hostil, ¿no? ¿Correcto? Ahora le corresponde al Gobierno decidir si cambia o incrementa esas condiciones. Nosotros esa información no la tenemos», argumentaba el vicesecretario económico, Juan Bravo en una rueda de prensa en Génova.

En privado, los populares admiten estar «en principio» en contra de la opa pero, insiten, en que «nos falta información». En cualquier caso, rechazan la consulta planteada por Sánchez e instan al presidente a sacar las urnas a la calle para que los ciudadanos «no solo se pronuncien sobre la opa sino para que España funcione».

Más allá del PP, el rechazo a la ha generado un consenso casi unánime entre la clase política catalana y los sectores económicos: de la CUP, al PPC, pasando por el PSC, ERC, Junts y los comunes, a Foment, Cecot, Pimec o UGT y CC OO.

Precisamente, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, pidió ayer al Gobierno que «paralice» la opa. «Una resolución de esta magnitud, de este tipo, debería tener un estudio más exhaustivo y más profundo», advirtió. Además, calificó la resolución de Competencia de «precipitada, insuficiente y decepcionante».

«Siempre hemos estado en contra de la opa. Ahora es al Gobierno a quien le toca frenarla. Tiene motivos de interés general y de impacto social clarísimos para poderla frenar», sostuvo este lunes el portavoz de Junts, Josep Rius, quien ha negado malestar en el partido después de que el consejero de la CNMC propuesto, Pere Soler, votara a favor del dictamen de Competencia que autorizó la operación.

Los requisitos impuestos por el organismo presidido por Cani Fernández, que lleva un año analizando la oferta de BBVA, han dejado en el tejado del Gobierno el desenlace de la oferta. Cabe recordar que el Ejecutivo no tiene poderes para vetar la opa, pero sí puede imponer nuevas condiciones que hagan menos atractiva la operación para BBVA.

Más adelante, sí que podría vetar una posible fusión. Pero desde la entidad vasca siempre han defendido que, incluso en ese escenario, las sinergias esperadas compensarían el hecho de no poder acometer una unión total de los dos bancos. Algo que la entidad vasca tendrá que demostrar -con números y letras- en el folleto de la oferta que debe aprobar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) antes de abrir el periodo de aceptación.